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El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, acumula más de 30 denuncias en el Ministerio Público, por supuestas irregularidades en su gestión.
No solo se le investiga por presuntos ilícitos penales, sino también por delitos contra la administración pública (corrupción) junto a sus funcionarios de confianza.
De todas las investigaciones que afronta Pérez Flores, sorprendentemente 11 son por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público.
Por obstinación o soberbia, al parecer el gobernador ha seguido designando en cargos de confianza a funcionarios que no cumplen los requisitos mínimos que establece la norma, pese a las advertencias de la Contraloría.
Tal es el caso de Félix Mío Sánchez, gerente regional de Turismo; Segundo Zeña Coronado, gerente regional de Trabajo; Margarita Romero Dávalos, gerente de Programas Sociales; Ana Vidaurre Ruiz, secretaria general del Gore; Luis Chipana Samaniego, asesor II del Gore, entre otros. Todos ellos investigados también por aceptación ilegal de cargo.
En diferentes Fiscalías Penales, también se ha formalizado investigación preliminar contra el gobernador por actos administrativos que, como titular del pliego, debió ejecutar.
Por ejemplo, una investigación por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Poder Judicial y de Luis Arturo Gayoso Nunura.
Asimismo, una investigación en su contra por el supuesto delito contra la libertad de trabajo y asociación, seguido por la servidora Isabel Angulo Salazar.
También se le investiga por el presunto delito de omisión de funciones en agravio de la abogada Maritza Roxana Paz Acuña, trabajadora de la Dirección de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura.
El gobernador también es investigado por el presunto delito de ostentación de grado académico que no se tiene.
Esto, debido a que habría utilizado el título de Doctor en actos oficiales, pese a que no registra dicha condición en los datos de la Sunedu.
También, Pérez Flores es investigado como presunto autor del delito de abuso de autoridad, en agravio de Flor Saavedra López, vicegobernadora regional, a quien le recortó sus funciones.
Del mismo modo, el gobernador enfrenta una investigación por el delito de usurpación de función pública, debido a que emitió una resolución ejecutiva con su rúbrica, pese a estar de viaje y haber dejado encargada en la gobernación a Flor Saavedra.
