El Ejecutivo propone la salida del Perú de la Corte IDH mediante un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que crearía un marco jurídico para defender la plena aplicabilidad de la Constitución peruana frente a organismos internacionales. El Ministerio de Defensa lidera un grupo de trabajo que tendrá 60 días para elaborar la iniciativa, la cual apuntaría a denunciar el Pacto de San José y abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. Este proceso requeriría acuerdo del Consejo de Ministros y aprobación legislativa mediante resolución, siguiendo los protocolos establecidos para la denuncia de tratados internacionales.
La medida tendría efectos graduales, pues la jurisdicción de la Corte IDH se mantendría por aproximadamente dos años sobre casos peruanos ya iniciados o por iniciarse antes de la denuncia formal. Especialistas advierten que esta decisión dejaría a la ciudadanía sin instancia supranacional para buscar justicia cuando el sistema nacional falle, además de generar repercusiones en relaciones internacionales y acceso a créditos blandos. El debate ocurre en un contexto político complejo, con un gobierno en fase final y elecciones en curso, lo que cuestiona la legitimidad temporal para cambios históricos de esta magnitud.