Hernández argumentó que el material audiovisual, presentado como prueba por la Fiscalía, carece de elementos que certifiquen su autenticidad.
“Podemos leer que es un acta de transcripción de información de fuente abierta, una prueba preconstituida que no cumple con los requisitos para siquiera ser tomada en cuenta”, declaró ante el tribunal.
El abogado señaló que, aunque el video muestra a Castillo y a la entonces primera ministra Betssy Chávez, no existe un reconocimiento formal de voz o imagen que confirme su legitimidad.
“Yo puedo observarlo, pero puede ser él o puede ser un actor”, afirmó.
El video en cuestión fue difundido públicamente el mismo día del fallido intento de Castillo de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia, hecho que derivó en su destitución y detención.
La Fiscalía lo considera una prueba central en el caso y solicita para el expresidente una pena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
La defensa, sin embargo, insiste en que el material no ha sido debidamente validado y podría estar manipulado.