Menu Principal
El dispositivo legal, que se sustenta en el Proyecto de Ley 9887/2024-CR, fue aprobado durante la sesión plenaria del 11 de junio último, y observado por el Ejecutivo el 8 de julio siguiente.
La principal observación que se realiza es que la medida vulneraría el deber de protección del patrimonio cultural del Estado, además de que el inmueble no ha perdido los valores que dieron mérito a su declaratoria como monumento integrante del patrimonio cultural de la nación, por lo que esta situación sentaría un negativo precedente.
De acuerdo con el presente dictamen, el Poder Ejecutivo tiene razón en señalar que la protección del patrimonio cultural de la Nación constituye un deber del Estado, conforme lo establece el artículo 21 de la Constitución Política.
No obstante, expuso Córdova Lobatón, desde la perspectiva de la Comisión de Mujer y Familia este deber del Estado, de la protección del patrimonio cultural, no tiene un carácter absoluto.
“Este mandato debe interpretarse de manera sistemática y armónica con el resto del texto constitucional, en especial con los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar con carácter prioritario; es decir, este mandato debe ceder frente a la necesidad urgente de garantizar derechos fundamentales”, señaló.
