La condena a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú provocó en las últimas horas un impacto de importancia en esa institución.
Se trata de un oficial y de un suboficial que fueron el brazo investigativo y ejecutor de la División de Investigación en Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la unidad creada combatir la corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico de terrenos, sicariato, trata de personas, robo agravado y extorsión.
Se trata del capitán de la PNP José Raúl Pérez del Campo y el suboficial PNP Edwin Hernández Huamani.
En la Diviac eran conocidos como ‘los incorruptibles’ y, según sus compañeros, su trabajo era imprescindible para llevar adelante las investigaciones por corrupción, sin imaginarse los episodios delictivos en los que estuvieron envueltos.
La sospecha es que habrían advertido a víctimas de extorsión las medidas que se ordenaban, porque las conocían antes de ser ejecutadas. Por eso se dice que su caso podría ser una causa que no tiene horizonte.
Esta historia comenzó en agosto del 2019 cuando los investigados fueron detenidos acusados filtrar información de las investigaciones que maneja la Fiscalía y la Policía Nacional contra organizaciones investigadas en delitos de corrupción a personas involucradas en corrupción a cambio de dádivas. El dato fue la punta del iceberg que desnudó la trama de corrupción policial.
Ayer, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Tercer Despacho) logró que los dos policías fueran condenados a más de seis años de prisión por pedir una coima de S/ 30.000 a un intervenido en Chiclayo, Lambayeque, a cambio de no ponerlo a disposición del Ministerio Público.