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El crimen, ocurrido al interior de un socavón, habría sido perpetrado por una organización criminal relacionada con la minería ilegal en la zona.
Durante su visita, la mandataria se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para coordinar acciones de seguridad.
El gobierno confirmó el despliegue de un contingente integrado por 900 policías y 150 militares con el objetivo de reforzar el orden público en esta provincia afectada por la violencia.
El Ejecutivo había anunciado previamente un paquete de medidas para enfrentar la inseguridad en la zona. Entre ellas destacan la suspensión de actividades mineras por 30 días, el establecimiento de una base militar temporal y la implementación de un toque de queda entre las 6 p.m. y las 6 a.m.
Asimismo, se incrementarán los controles en las operaciones de la minera Poderosa y se procederá a la exclusión de mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera.
