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En una de sus reiteradas jugadas en pared, tantas veces improductivas, el Congreso y el Ejecutivo están a punto de dar el toque final a un peligroso proyecto de ley que cambia la redistribución interna del Impuesto General a las Ventas (IGV), que tiene una tasa global de 18% (16% para el gobierno central y 2% para las municipalidades).
La dupla más resistida de la afición nacional ha decidido duplicar de 2% a 4% la asignación de este impuesto al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que subvenciona a los gobiernos locales, y reducir a 14% lo que recibirá el gobierno. El proyecto fortalecerá las finanzas de los municipios pero debilitará las cuentas del Tesoro Público.
Pero el Gobierno le dará más plata a entidades que no han sabido qué hacer con ella. Y es que municipios de 11 regiones, entre ellas tres de las más pobres del país, ejecutaron menos del 60% en proyectos de inversión el año pasado, según el portal de Transparencia Económica.
Un lamentable avance de obras que muestra cómo responden las comunas ante las necesidades de la población. El Gobierno destinará más presupuesto a las comunas, pese a que gran parte de este dinero se va en planillas. En solo un año, de 2023 a 2024, el gasto en remuneraciones de los municipios creció 74%, según explicó el exministro de Economía Luis Carranza
La agrupación política se hizo de cerca de 200 alcaldías provinciales y distritales, así como de siete gobiernos regionales en el país, y cuenta con representatividad en el Congreso.
Precisamente de Somos Perú, es también Carlos Rodríguez Ordóñez, alcalde distrital de Cayaltí —una de las jurisdicciones del país con alto índice de pobreza—, cuya gestión ejecutó el año pasado un vergonzoso 4.8% en proyectos de inversión.
