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El expresidente Pedro Castillo permanecerá recluido en el penal de Barbadillo después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley declarara infundado su último pedido de libertad, argumentando que los motivos originales de la prisión preventiva por 18 meses aún subsisten. El magistrado desestimó los alegatos de la defensa, que incluían la mención de denuncias contra exprocuradores, al considerar que no desvirtuaban el riesgo de fuga o la obstaculización processal. Esta decisión judicial refuerza la postura del sistema legal frente al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La resolución extiende efectivamente su reclusión hasta completar 36 meses, un plazo que enfrentará mientras se sustancia el proceso en su contra por el delito de rebelión. Castillo, quien buscaba afrontar el juicio con comparecencia simple, deberá continuar en el establecimiento penitenciario de Ate, marcando un precedente significativo en la jurisprudencia peruana para casos de alta traición. El fallo cierra otra puerta legal inmediata para el exmandatario y su defensa estratégica.
