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Un nuevo revuelo ha generado el Gobierno luego que la presidenta Dina Boluarte firmara el Tratado de Alta Mar, el último lunes 9, en Niza, Francia. El acuerdo se suscribió durante la participación de la dignataria en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), en un viaje al país europeo que el Congreso autorizó, pero ahora parece lamentar.
Hasta ahora, tres gremios empresariales condenaron la medida, congresistas de distintas bancadas mostraron su disconformidad y en la Fiscalía ya corre una denuncia contra Boluarte por una presunta “traición a la patria”.
Desde el empresariado, se asegura que se trata de una medida que afecta la “soberanía” del país. La adhesión del Perú al Tratado de Alta Mar, sin embargo, está lejos de ello, según los especialistas.
El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales —BBNJ por sus siglas en inglés— es popularmente conocida como el Tratado de Alta Mar.
Se trata de un instrumento jurídico-internacional, que nace el 19 de junio de 2023 pero que aún no entra en vigencia. Los aspectos claves de su aplicación radican en su propio nombre: se apuesta por la conservación de la biodiversidad marina, pero solo a las aguas que van más allá de las 200 millas náuticas de las costas de los países que lo suscriben.
En el Perú, los primeros en iniciar el debate fueron los gremios empresariales. Horas después de conocerse la suscripción, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida.
“Representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros”, asevera el comunicado.
